Carlos Puente, Director de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras, considera que un marco legal moderno y una distribución de recursos equitativa son clave para resolver la crisis hídrica del país
Por: Martha Cotoret
La crisis actual en la gestión del agua podría solventarse si se cuenta con inversión suficiente en infraestructura para garantizar que el agua llegue de manera igualitaria a todos los rincones del país; y si, en el diseño del marco legal pendiente, la Ley General de Aguas, se establece que el papel de los tres niveles de gobierno, y en particular el de los organismos operadores de agua consiste en asegurar que la administración del recurso hídrico y de los recursos financieros del sistema se lleve a cabo de manera eficiente para asegurar la sostenibilidad operativa y financiera y el resultante manejo sustentable de los recursos hídricos. Así lo manifestó Carlos Puente, Director de Agua, Energía y Medio Ambiente de BANOBRAS, en entrevista para la Revista Agua y Saneamiento.
“La presión sobre la inversión requerida para que, como país, diéramos un gran salto cualitativo en el manejo eficiente del agua es muy importante”, asegura Puente; y es que según los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, los países deben invertir al menos 1.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en el sector del agua para empezar a revertir esta complicada situación.
En este sentido, la promulgación de la Ley General de Aguas parece ser una luz al final del túnel. “Este proceso de diseño y desarrollo de la Ley General de Aguas podría permitir empezar a cambiar la forma en que se gestiona el recurso desde los instrumentos legales del orden federal y estatal, hasta municipal; está pensándose la creación del Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que podría ser un instrumento que establezca los incentivos requeridos para garantizar el uso eficiente del agua en toda la cadena de gestión y entre los distintos sectores: urbano y agrícola. Si reconocemos que en el sector agrícola se usa el 70 por ciento de las disponibilidades de agua para usos consuntivos y, de ese 70 por ciento hoy se desperdicia el 50 por ciento del agua dirigida al sector, por el gran atraso que existe en las obras de conducción, la combinación de un marco legal que exija el uso eficiente del recurso y un mecanismo financiero que permita asegurar el abasto sostenible para las ciudades y para el campo, nos puede ayudar a detonar un proceso de crecimiento y desarrollo económico que garantice la disponibilidad de agua para las próximas generaciones”, explica el especialista en financiamiento para la inversión en obras hidráulicas.
¿Y qué tienen que ver los sistemas de riego con la Ley General de Aguas y el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica? Es sencillo, el marco legal permitirá por un lado que se establezca la obligatoriedad de invertir en sistemas tecnificados que impidan el malgasto de agua y el fondo permitirá que esos recursos necesarios lleguen a las comunidades para poder construir estas obras.
“El espacio político para poder lograr un gran impulso a las inversiones en el sector del agua se presenta justamente por todas estas emergencias y todo este tema que, aparentemente, tampoco van a mejorar a largo plazo, o quizás cada vez se van a volver más complejas”, afirma Puente.
¿Y cuánto hay que invertir? Estamos hablando de miles de millones de pesos al año, estima el especialista. “Hace dos años decíamos que teníamos que invertir al año 67 mil millones de pesos en el tema de agua. La Conagua está invirtiendo entre tres mil y 10 mil millones de pesos al año y nosotros en el FONADIN tenemos, si nos va bien, entre dos mil y cuatro mil millones de pesos al año para proyectos de agua. Entonces nos encontramos con un déficit de 53 mil millones de pesos al año”, cuantifica Puente. “Lo anterior sin tomar en cuenta el costo regulatorio de los cambios de normas en materia de agua potable y aguas residuales tratadas recientemente publicadas.”
Y pregunta: ¿Cómo se tienen que cubrir estos recursos de inversión? De acuerdo con el Director de Agua, Energía y Medio Ambiente, la solución está en el cobro de tarifas con costos de prestación de servicios eficientes: “Si pensáramos que se tuvieran que invertir estos 67 mil millones de pesos y pensamos que tenemos un país de 120 millones de habitantes esto implicaría que se necesitarían invertir 560 pesos al año por persona, pensemos en un hogar de cuatro personas, serían 2,240 pesos al año o 187 pesos al mes por hogar”.
Puente asegura que para que el ciudadano de a pie esté dispuesto a pagar 200 pesos al mes por el servicio de agua se necesita garantizarle a la población que, en lugar de comprar garrafones o pipas, tendrá un sistema que lo abastecerá de agua con eficiencia y calidad.
“El reto es enorme. Mientras no cambie el marco legal, y se exija la prestación de servicios con niveles mínimos de eficiencia física y comercial, FONADIN y la CONAGUA en esta conjunción a través del PROMAGUA, buscamos el cambio estructural de abajo hacia arriba, proyecto por proyecto; es como una labor de evangelización”, asegura.
Proyectos a largo plazo
Otro de los obstáculos que Carlos Puente ve para alcanzar un manejo eficiente del agua es la politización de las obras y los recursos. “Hay que convencer a los municipios, organismos, a los estados de emprender un trabajo arduo que es la planeación de sus proyectos.
Un ciclo de desarrollo va de 18 a 36 meses por todos los estudios y procesos que se requieren; ahí también encontramos barreras importantes porque los ciclos políticos de los presidentes municipales son de 3 años y entonces cuando les dices que se van a tardar 36 meses en cortar el listón, responden ‘no, pues gracias, ya para ese entonces se lo voy a dejar al siguiente la chamba’”.
El otro tema de gran importancia es el conflicto estratégico en la asignación de los volúmenes disponibles de agua superficiales y subterráneas entre el sector agrícola y el sector urbano. Según Puente, este es un asunto que se comienza a resolver en la arena legal.
“Si bien en la agricultura también habría un gran espacio para poder incrementar los niveles de eficiencia física que permitiera liberar recursos o disponibilidades de agua hacia los centros urbanos, también la solución de estos problemas políticos y sociales en ese sentido no se resuelven en un día.
“Creo que en la administración pública federal el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado con mucha conciencia este tipo de proyectos, entre ellos está justamente este intercambio de derechos en La Laguna, en la zona de La Laguna en Durango y Coahuila, y ahí estamos empezando a probar un modelo donde podamos balancear y darle esta sostenibilidad a esta relación del campo y la cuidad”, asevera Puente.
En este sentido, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se encarga del financiamiento de proyectos de infraestructura y de las haciendas públicas, estatales y municipales. Nuestros principales clientes son los estados y municipios.
“A partir de inicios de los 90 -con los precursores de FONADIN y luego con su crecimiento en 2008- el Fondo Nacional de Infraestructura desarrolla conjuntamente con la CONAGUA el Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua, el PROMAGUA, que es el programa que me toca a mí administrar desde mi tramo de control, como Director de Agua Energía y Medio Ambiente aquí en BANOBRAS, en la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión”, explica Puente.
¿Para qué sirve este programa? Se crea como una alternativa de financiamiento para el desarrollo de proyectos que permitan el incremento de eficiencias, la mejora integral de gestión de los organismos operadores y también para el financiamiento de proyectos estratégicos en los propios organismos y en las comisiones estatales de agua responsables de la gestión del recurso hídrico. Además, es una fuente de recursos complementaria a la CONAGUA. Así se puede lograr la ejecución de proyectos de inversión mixta con la participación del sector privado en la construcción y operación de los proyectos.
“A lo largo de los años el FONADIN ha sido exitoso en financiar proyectos de abastecimiento de agua, acueductos y plantas desaladoras. También se han desarrollado los grandes proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales como Atotonilco, que es una de las más grandes del mundo; las plantas de Guadalajara, la planta de Hermosillo; en fin, una gama de plantas de tratamiento, más 32 proyectos han sido financiados con este programa”, detalla Puente.
Fondos garantizados
Puente anuncia que en Los Cabos, Baja California Sur, se considera la ampliación de la Desaladora 1 y la construcción de la Desaladora 2. “El poder haber salido a licitar los proyectos se logró porque ya cuenta con todas las viabilidades, los permisos y las concesiones o las asignaciones del recurso del agua para poder llevar a cabo el proceso de desalinización y la entrega al organismo operador en un punto de la red primaria de distribución”, afirma Puente.
El especialista asegura que estas obras tuvieron que ser acompañados de una mejora integral de gestión en el área de servicio, donde llevarán el agua de las nuevas desaladoras. “Este gran impulso a los proyectos de Los Cabos permitirá que la población de San Lucas reciba agua con calidad y presión de manera continua 24/7, en donde hoy reciben agua tandeada cada 20 días y complementan sus necesidades con compra de pipas que cuestan 800 pesos.”
Áreas de oportunidad
Frente a la actual crisis del sistema hídrico a escala mundial y, por supuesto, en México, Carlos Puente ve un momento de gran oportunidad.
“El Poder Judicial instruyó al Congreso el que se lleve a cabo el desarrollo y la publicación de la Ley General de Aguas, y el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el diputado Rubén Muñoz Álvarez, ha estado muy involucrado en el proceso que se viene por delante para poder hacer este cambio y poder introducir esta ley que lleva ya como asignatura pendiente varios años”, argumenta Puente.
Para él, en la actualidad enfrentamos un momento de oportunidad histórica para que ayudemos a los municipios a dar este salto.
“Es sabido que, en las modificaciones de principios de los años 90 al Artículo 115 constitucional, cuando se pasó la responsabilidad de gestión del recurso hídrico a nivel municipal, no se acompañó esta obligación con la responsabilidad de hacer la gestión de manera eficiente. Vivimos una situación donde la politización de la gestión del agua nos ha llevado a un resultado negativo, a un equilibrio de bajo nivel, porque las tarifas no se determinan con base de elementos técnicos; los organismos operan en general con situaciones financieras insostenibles y por ende la población no recibe los servicios de calidad que merecen”, puntualiza el experto.
Y es que vemos cómo la gente generalmente sustituye sus necesidades de agua a través de la compra de garrafones, de agua embotellada o en muchos casos de pipas, lo que implica que es el ciudadano el que paga el costo de una gestión ineficiente de los recursos hídricos, y la población de menores recursos es la que acaba pagando una mayor proporción de su ingreso disponible por esta ineficiencia.
En este sentido, Puente considera que “es muy difícil que de alguna forma se detone un proceso de cambio, si de alguna manera los incentivos establecidos desde la parte legal no permiten darle una prioridad estratégica a este tipo de proyectos”.
“Nosotros desde BANOBRAS y desde el Fondo Nacional de Infraestructura esperamos encontrar la máxima cantidad de candidatos en los organismos operadores para ayudarles a recorrer estos procesos de incremento de eficiencias, que los haga sostenibles financiera y operativamente; que cuando llegue el agua de La Laguna, de las desaladoras o, del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, la gestión eficiente del recurso permita que toda la población sin distingo del nivel socioeconómico reciba los servicios que se merece y que por la liberación de lo que hoy destinan a la compra de agua de otras fuentes, ayuden a los organismos a pagar el costo de los servicios”, aspira Puente.
“A nosotros desde BANOBRAS nos gustaría sumarnos a los esfuerzos que hace la CONAGUA, el gobierno federal para cerrar la brecha de eficiencia que nos permita garantizar el uso responsable y cuidadoso del recurso hídrico”, concluye.
