Por: Martha Cotoret
En la última década, es muy común escuchar en múltiples foros especializados en materia de agua potable y saneamiento, o de desarrollo social, que las inversiones que requiere nuestro país en infraestructura hídrica son cuantiosas. Llevamos años escuchando que México debería destinar por lo menos el equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto anual para infraestructura básica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “perteneciente a la ONU” estima que los países de dicha región por lo menos deben destinar el 1.7% de su producto interno bruto para inversión y mantenimiento en infraestructura básica y de que de dicho presupuesto el 52.9% debería destinarse al subsector de agua potable y saneamiento.
Desafortunadamente en México el presupuesto de inversión pública para esta infraestructura esencial viene en caída desde hace por lo menos 5 años. En dicho periodo, el presupuesto federal para el subsector agua potable se ha reducido por lo menos en 79% y se estima que en nuestro país por cada 100 pesos que se invierten en infraestructura, solamente se destinan 43 centavos para agua y drenaje.
Por un lado, la capacidad financiera de los estados y municipios cada vez está más condicionada y limitada, lo cual repercute en una disminución sustancial en los presupuestos para infraestructura y gestión hídrica, comprometiendo la sustentabilidad de los servicios. Por otro lado, existen grandes capitales privados dispuestos a apostarle al sector del agua, no obstante, su complejidad financiera y legal, así como su carácter estratégico y su alto impacto social.
Estos grandes capitales además tienen como mayor incentivo el de mitigar los altos riesgos que representa a corto plazo una crisis de agua en sus operaciones directas y/o en sus cadenas de valor.
Por algo será que Larry Finck, CEO de Black Rock, que es el administrador de activos más grande del mundo, advirtió en su carta anual 2020 a clientes y directores sobre el impacto financiero que existiría ante los efectos del cambio climático y la falta de agua.
Hay una buena posibilidad de captar en forma inmediata inversiones sustanciales para proyectos sustentables que nos permitan mejorar y modernizar nuestra infraestructura para incrementar en corto y mediano plazo nuestras eficiencias globales en la gestión del agua. Además de que las inversiones generan de inmediato empleo y mueven la economía interna de nuestro país.
Una de estas alternativas son los Bonos Verdes que son instrumentos bursátiles mediante los cuales se obtienen recursos etiquetados exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos de infraestructura sustentable para el medio ambiente, como son: la generación de energías renovables, la eficiencia energética, el agua o el manejo de residuos, entre otros.
En nuestro país son regulados por la Bolsa Mexicana de Valores y para poder emitirlos hay que pasar un proceso exhaustivo ante calificadoras y certificadoras ambientales internacionales.
El primero de estos instrumentos en el mundo fue emitido en noviembre de 2008 por el Banco Mundial, atendiendo a la iniciativa de un grupo de fondos de pensiones de Suecia, el cual deseaba invertir en proyectos enfocados en mejorar el medio ambiente.
Después de casi 12 años, el Banco Mundial ha recaudado más de 13 mil millones de dólares en todo el mundo a través de la emisión de casi 150 bonos verdes.
De acuerdo con el propio Banco Mundial, los proyectos de energía renovable y eficiencia energética, así como los de transporte sustentable conformaban los sectores más importantes de la cartera de proyectos financiados con bonos verdes. En conjunto, estos dos sectores representan aproximadamente 69 por ciento de los compromisos con dichos instrumentos.
El primer bono verde mexicano fue emitido en septiembre de 2016 por Nacional Financiera (NAFFI16V), por un monto inicial de 2 mil millones de pesos, con el cual se obtuvieron recursos para la construcción de parques eólicos que permiten la generación de energía en varios estados de la República.
Otros bonos emitidos en nuestro país bajo esta modalidad son el del gobierno de la Ciudad de México (GCDMXCB16V) para financiar plantas de bombeo, pozos de agua, alumbrado público y transporte sustentable. De igual forma, el de Banobras en 2018 para financiar infraestructura básica y en servicios públicos (BANOB18X).
Por su parte, la primera empresa privada en nuestro país en emitir un bono verde fue Rotoplas en 2017 (AGUA17), el cual fue enfocado en soluciones de agua.
A pesar de la perspectiva negativa que hoy se tiene respecto a la economía de nuestro país y las calificaciones conservadoras del gobierno mexicano, estos instrumentos continúan siendo una buena alternativa a mediano y largo plazo para el financiamiento de infraestructura sustentable. Ojalá más empresas privadas y gobiernos municipales y estatales como el de Puebla, en donde por cierto hay un gran potencial y trabajo hecho, puedan mirar hacia los bonos verdes como un detonador de las inversiones que tanto requiere nuestro país en materia de agua y energías limpias.
