Consideraciones relevantes

Desde el punto de vista financiero, para que una tarifa por el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento sea adecuada y contribuya a las finanzas sanas del organismo operador, se debe tener en cuenta al menos que se cubran los costos en que se incurre para la prestación integral del servicio y la provisión futura del mismo; además y desde la óptica de la gestión racional de la demanda, las tarifas deben constituir un instrumento de política pública que contribuya a la concientización de los usuarios sobre el uso racional de este recurso natural atendiendo a su disponibilidad escaza y a su carácter de indispensable para la vida humana.    

Por: María Elvira González García

El Estado, en sus diferentes ámbitos y de acuerdo a sus respectivas competencias, tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, es por ello que el trato que se le da a la provisión y cobro por este servicio público no puede ser el de un bien privado que responde tan solo a las variaciones de la oferta y la demanda, en razón de lo cual el Estado tiene también por obligación la gestión responsable del servicio público.  

Construcción de tarifas para el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Las tarifas, además de ser un mecanismo de gestión de un recurso escaso, tienen como objetivo recuperar los costos que genera la provisión del servicio y permitir acceder a los recursos necesarios para la expansión de la cobertura. Tomando en cuenta el derecho humano de acceso a este recurso, el sistema tarifario debe procurar maximizar el bienestar social, sin perder de vista las limitaciones que impone el entorno ecológico, económico, poblacional, social, etc. 

Para favorecer que el uso del agua sea eficiente y racional, cualquiera que sea su uso o destino, resulta conveniente la aplicación de sistemas tarifarios que contabilicen el volumen utilizado, a través de aparatos de micromedición instalados en las tomas domiciliarias y estableciendo tarifas progresivas, es decir, a mayor consumo mayor será el precio por metro cúbico utilizado, ubicando en los primeros rangos de consumo la tarifa que garantice la asequibilidad. 

“Es recomendable considerar la incorporación de estrategias de aprovechamiento de las aguas residuales mediante su regeneración o tratamiento.”

También es importante atender al tipo de uso, distinguiendo entre doméstico y otros usos, en virtud del beneficio económico que obtienen los usuarios comerciales, industriales o de servicios, para quienes el aprovechamiento del recurso natural contribuye a la consecución de fines de lucro. 

A continuación, se engloban y describen algunos de los conceptos básicos que, según se indica en el “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Estructuras Tarifarias” de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deben atenderse al construir los esquemas tarifarios: 

Demanda. Respecto de este servicio público, dependerá de las circunstancias del usuario, tales como su ingreso, el precio del servicio, contexto social, condiciones demográficas y climáticas de su entorno, actividad económica, etc. 

Oferta. Factor relacionado con la producción de agua para satisfacer las necesidades del servicio público en una localidad. 

Costos. Se deben considerar factores técnicos, financieros y sociales para determinar los costos totales, que a su vez están conformados por costos fijos y variables. Los costos fijos son aquéllos que no varían según el volumen de agua extraído, en ellos se incluyen los arrendamientos, servicios personales, costos de administración, etc.; los costos variables se incrementan de manera directamente proporcional al volumen de agua producido, entre estos se encuentran las materias primas y suministros, combustibles, lubricantes y aditivos, energía eléctrica, servicios de operación y mantenimiento.  

Subsidios.  Se refiere a los recursos que son transferidos por el Estado para beneficiar a un grupo de población, ya sea aplicados directamente como donaciones o entregas de dinero o mediante la prestación de servicios de forma gratuita o a un costo reducido. La principal finalidad de los subsidios es ofrecer ayuda a los grupos sociales de bajos recursos o con alto grado de marginación procurando alcanzar la asequibilidad.

Conclusiones 

La normatividad local aplicable en cada municipio determina la forma de establecer las tarifas para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, siendo lo deseable que la metodología designada coadyuve a lograr la autosufiencia financiera de los organismos operadores de agua, reduciendo la dependencia de recursos públicos provenientes de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Lo anterior a efecto de que se logre la recuperación de costos de operación, tanto actuales como proyectados a futuro y la financiación de infraestructura que mejore las eficiencias en el servicio y soporte la expansión de la demanda, a la vez que se garantice el derecho humano al agua, se desincentive el desperdicio y se promueva la reutilización de aguas residuales. 

Además de la aplicación de tarifas adecuadas según las particularidades de cada localidad y con el objetivo de generar ingresos propios suficientes para los organismos operadores de agua, es recomendable considerar la incorporación de estrategias como por ejemplo el aprovechamiento de las economías de escala y la aplicación de economía circular que en materia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se refiere a la conversión del agua de desperdicio (agua residual) en un bien comercializable y aprovechable, mediante su regeneración o tratamiento. 

La construcción de tarifas adecuadas para estos servicios es una tarea compleja y no existe una fórmula única, se debe tener una visión multifactorial y tener presentes todos aquellos componentes aplicables al contexto singular de la localidad o localidades a las que cada organismo operador de agua deba atender, para lograr que las tarifas además de ser asequibles a toda la población y financieramente capaces de lograr la sostenibilidad del organismo operador, contribuyan a garantizar el acceso suficiente, salubre y aceptable que se tiene como obligación de proporcionar por mandato constitucional.