Pese al complejo y difícil panorama que enfrentan los organismos públicos que se refleja en una caída en picada en la inversión gubernamental que no alcanza siquiera para cubrir el costo de la inflación o reformas impulsadas que los tienen tendidos en el piso, para el presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), Arturo Jesús Palma Carro, sólo hay un camino: la autosuficiencia, ser más eficientes y eficaces para hacer más con menos
Por Ignacio Juárez Galindo
El 1 de febrero de 2021 es una fecha que nunca olvidarán los directivos de los sistemas operadores de agua potable y todos los que participan en esa industria. Fue cuando se enteraron que a San Lázaro había llegado una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El golpe asestado a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (SAPS) era brutal, ya que agua y energía eléctrica son dos entes indivisibles. Las cifras así lo indican: tres de cada 10 pesos son destinados a cubrir los servicios de luz.
No era la primera vez que recibían un golpe de esa naturaleza. En la reforma de 2013, en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto, de un plumazo readecuaron la tarifa de los SAPS y los convirtieron en usuarios de tipo industrial.
En ese tiempo, la ANEAS no se quedó callada y advirtió que la readecuación se hizo “sin valorar su naturaleza (de los SAPS) que, a diferencia de los usuarios industriales, no son particulares; no tienen fines de lucro y su objetivo principal es permitir el cumplimiento del derecho humano al agua”.
En 2013 los costos se dispararon y para 2021 la nueva reforma los puso al borde del colapso. Sin embargo, esa reforma sería la primera de varias que han golpeado duramente al sector y que se suma a un descenso paulatino del presupuesto federal.
Para 2022, por ejemplo, la situación es de tal magnitud que el proyecto enviado al Congreso de la Unión incluye un decremento: el dinero que recibirán no cubre siquiera el monto estimado de inflación.
Sí hay dinero… pero para grandes obras
Para los organismos públicos estatales o municipales, la inversión federal pasó de 15 mil millones de pesos en 2008 -a través de PRO-AGUA, la principal partida de financiamiento- a mil 398 millones en 2021, es decir, en 13 años hubo un desplome de mil 72 por ciento.
La cifra actual está muy lejos no sólo de cumplir con los requerimientos necesarios que demanda la población sino que está alejado del 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y la ONU.
Ante ese panorama sólo queda una pregunta: ¿Qué hacer?
Y es ahí en donde la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento entra. Para su presidente, Arturo Jesús Palma Carro no hay solución fácil, pero el camino está orientado a la autosuficiencia.
“Como organismos tenemos que apostar a la autosuficiencia, a que seamos auto sostenibles. Ese es el único camino viable. No vemos a corto plazo que nos vayan a aumentar, vemos que van a seguir los recortes y debemos tender a ser autosustentables”, afirma.
El panorama no es alentador, advierte. “Si bien no esperamos más presupuesto en lo que sí debemos de trabajar es un marco legal que nos dé certidumbre y nos permita cobrar tarifas justas. Somos organismos sin fines de lucro, no esperamos tener utilidades, pero sí esperamos tener unas tarifas que, por lo menos, nos permitan costear la operación. Es la razón por la cual la mayoría de los organismos estamos en números rojos”.
Y da un paso más hacia la hoja de ruta a seguir: “Habrá que hacer una alianza con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para encontrar la manera de volvernos sustentables. Hay que sentar de las bases de la economía circular para tener una oportunidad”.
Una tras otra
Sentado frente a una larga mesa de la sala de reuniones de la ANEAS, el ingeniero Palma –como todos lo conocen- tiene el feeling y los datos del sector. Es un experto en el tema y eso le ha permitido tener claridad hacia donde deben caminar.
De entrada, dice, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe elevarse al rango de Secretaría de Estado porque actualmente hay una descoordinación en todo el ramo gubernamental. Y el mejor ejemplo es la Norma Oficial Mexicana 001 que acaba de publicar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Qué ocurrió?
Sencillo: Nuevamente de un plumazo emitieron una regulación que eleva los estándares de saneamiento para que el agua pueda ser descargada en cuerpos receptores municipales o federales. El problema es que la norma que fue sustituida ya era un problema, pues se basaba en los estándares que se aplican en países europeos y que son muy difíciles de alcanzar para los organismos mexicanos.
Arturo Palma lo explica muy bien: “La mayoría de las plantas, hoy por hoy, sabemos que no cumplen esta norma porque no cuentan con recursos, si no tenemos para llevarle agua potable a la población en muchos casos lo que se sacrifica es el saneamiento. Hoy, más del 70 por ciento de las plantas no cumple con la norma o de plano está apagada porque no hay recursos para pagar la energía eléctrica o los químicos necesarios”.
De acuerdo con los especialistas de la ANEAS, el cumplimiento de la nueva NOM-001 costaría unos 450 mil pesos el litro por segundo, lo que se traduce en 150 mil millones de pesos para que los organismos hagan las adecuaciones necesarias.
“A valor constante nos están dando 2 mil millones de pesos, que se reduce a mil 300 millones para los 32 estados. De ahí tenemos que tomar un parte para dotar de agua a las comunidades indígenas, las más pobres, para nuevas inversión y crecimiento. Con ese presupuesto, ¿cuántos años nos tomaría juntar los 150 mil millones para no hacernos acreedores de multas?”, detalla el ingeniero.
Pero las autoridades encargadas de supervisar que la norma se cumpla tampoco tienen la capacidad ni la tecnología para medir la calidad del agua residual.
Así pues, para la ANEAS y los especialistas la NOM-001 “nació muerta”.
No es el dinero
Nadie está en contra del medio ambiente, apunta Arturo Palma, pero de nada sirve que se decreten cosas en el papel si no se pueden cumplir.
“A mí en Guerrero, (la Conagua) me ayudó mucho para subir la cobertura a nivel nacional. Era el estado en donde la teníamos más abajo, con 69 por ciento. El segundo más malo era Oaxaca, con 84 por ciento. No sólo me exigieron, me dieron el recurso, me ayudaron y nos exigieron como estado que pusiéramos la contraparte y, hoy por hoy, estamos más cercanos al 90 por ciento de cobertura. En 10 años hicimos un gran esfuerzo y se pueden lograr. ¡Claro que debemos de lograr darle agua y saneamiento a los mexicanos y mexicanas, pero es importante políticas públicas acompañadas de un presupuesto que nos lo permita!”.
La realidad, sin embargo, es más compleja, ya que los SAPS se enfrentan a otras dificultades como la escasa regulación de tarifas adecuadas y la inconsciencia sobre lo importante que es cuidar el vital líquido y pagar el servicio.
“La gente sí paga su celular, paga la televisión de cable, paga la energía eléctrica, para todo eso paga, porque si no te lo cortan. Pero el agua difícilmente nos permiten cortarla. Entonces, la gente prefiere pagar otro tipo de servicios a pagar el agua. Hemos visto que hay gobiernos que ganan, llegan al poder, no cobran, dejan todo a la deriva y en cuatro o cinco años, si el servicio era malo, se vuelve deplorable porque es insostenible”.
Alguien -afirma- tiene que pagar la energía eléctrica, los insumos, la conducción. “El agua es gratis, claro que Dios nos la manda, pero la conducción, el bombeo, la depuración, el hacer que salga por la llave de cada lugar pues tiene un costo de operación”.
Es por eso que para Palma Carro un marco legal adecuado permitiría generar mejores condiciones e incluso hasta requerir poca ayuda del gobierno federal.
“Tampoco significa que le tengamos que cobrar igual a todo el mundo, a todos los mexicanos. Entendemos que hay gente de bajos recursos, entendemos que hay gente con mayores posibilidades. Por eso tenemos tarifas cruzadas, por eso hay muchos sistemas comerciales que han funcionado. La idea es cobrarle menos al que menos tiene y cobrar más al que más tiene más”.
Hay ejemplos exitosos en otras partes del mundo que han permitido tener un enfoque diferente. España, agrega, los ciudadanos tienen un consumo fijo gratuito de una determinada cantidad de metros cúbicos al bimestre, pero si exceden la cantidad, entonces, pagan una tarifa.
